En el complejo mundo actual, en el que cada vez hay más partes implicadas en nuestro día a día tanto personal, como en el desempeño de nuestras actividades profesionales, tiene como una de sus consecuencias el aumento de la litigiosidad ante cualquier suceso conflictivo, dado que cada una de las partes intentará defender sus intereses de la mejor forma posible.
Esto implica que, sin llegar todavía a niveles de EEUU o Reino Unido, cada vez se presentan más reclamaciones de todo tipo, y se convierte en necesario un buen análisis de las circunstancias que puedan requerir los servicios de un abogado para defender correctamente nuestros intereses ante cualquier suceso.
Pólizas de tipo multirriesgo
Si bien las pólizas de tipo multirriesgo tanto de un hogar o comunidad, como de una empresa, comercio o incluso un vehículo, tienen unas coberturas básicas establecidas en el artículo 76 a) al g) de la Ley 50/1980, y que como mínimo deben garantizar:
- La libre elección de abogado y procurador, que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento o en caso de que haya conflicto de intereses entre las partes del contrato.
- El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador.
- La aseguradora tiene la obligación de abonar los honorarios de los profesionales, generalmente hasta un límite estipulado.
Estos mínimos están especialmente condicionados a los limites económicos, estipulados generalmente en dichas pólizas y pudiendo ser bajos, teniendo exclusiones expresas a litigar contra la propia aseguradora o incluso circunscribir dicha defensa jurídica a que haya cobertura en alguna de las otras coberturas de la póliza multirriesgo.
Pólizas de Defensa Jurídica especializada
De esta forma, las pólizas de Defensa Jurídica especializadas, además de garantizar las coberturas mínimas, podremos:
- Ampliar los limites económicos para los gastos jurídicos.
- Eliminar la condición de necesidad de cobertura en otra garantía de la póliza.
- Acceso a redes de profesionales especializados en distintos ámbitos legales.
- Personalizar las coberturas deseadas.
Dentro de las múltiples opciones que se pueden contratar, aparte del límite máximo de gasto, podríamos destacar algunas coberturas como:
- Asistencia jurídica telefónica.
- Defensa penal del asegurado.
- Defensa subsidiaria de la responsabilidad civil, por productos o servicios defectuosos, incumplimiento de normativa sobre protección de datos, etc.
- Defensa de derechos sobre el inmueble, como conflictos con los vecinos o la comunidad de propietarios.
- Conflictos de proveedores, como incumplimiento de contratos de servicios o de suministro, reclamación a otros seguros, etc.
- Reclamación extrajudicial a clientes por facturas impagadas.
- Reclamación no contractual.
- Cuestiones laborales, como conflictos con empleados, inspecciones de trabajo, etc.
- Cuestiones administrativas como la defensa administrativa ante infracciones tributarias o ante actuaciones de la AEPD.
- Cuestiones particulares a las empresas familiares, como el asesoramiento jurídico sobre protocolo familiar o mediación de conflictos entre los propietarios de la empresa familiar.
- Reclamación a morosos en comunidades de vecinos.
En resumen, este tipo de seguros vienen a complementar o sustituir las coberturas de defensa jurídica que suelen tener las pólizas multirriesgo, no solo por ampliar los limites económicos o de coberturas personalizadas según nuestras necesidades, sino incluso defendiéndonos contra nuestros propios seguros, por ejemplo, ante discrepancias de interpretación de si un siniestro tiene o no cobertura en la póliza.
Caso real
Como caso real, un cliente tuvo un accidente de tráfico, aparentemente no tenia nada, pero a los 6 días empezó a ver mal y a los 10 fue al médico ya que de repente perdió la visión, tras varios meses de tratamiento se recuperó afortunadamente.
Pero la compañía contraria no aceptó la reclamación por el tiempo de baja transcurrido, al considerar, dado el retraso en ir a urgencias, que no había nexo causal, además su propia compañía decía lo mismo por lo que no hacía reclamación en su nombre, dando libertad de acción y dando cobertura solo en el caso de ganar o llegar a acuerdo.
Así que haciendo uso de la de defensa jurídica del límite que había de 1500€, buscó los servicios de un abogado para que reclamase por vía judicial, consiguiendo un acuerdo antes del juicio de 5000€, y recobrar hasta el límite de 1500 de los gastos jurídicos de un total de 2344€
La importancia de tener una póliza personalizada de defensa jurídica
Como conclusión, es importante tener una póliza personalizada de defensa jurídica para dar esa cobertura extra en situaciones necesarias. Pese a que tradicionalmente en España este tipo de pólizas ha sido ignorada o, por lo menos, considerada de menor importancia en el mundo de los seguros y del público en general, podemos afirmar que se están convirtiendo en un elemento a tener en muy cuenta, tanto de forma personal como muy especialmente en el desempeño de una actividad comercial, donde el incremento de la litigiosidad ante una reclamación fundada o no, así como la alta complejidad burocrática en temas laborales o fiscales de nuestro día a día, se traduce en un mayor uso de servicios profesionales jurídicos, con el consiguiente gasto que esto puede suponer, y que, gracias a este tipo de pólizas podremos limitar.
Daniel Pina