Un centro médico ha sido sancionado con 200.000 euros de multa por la Agencia Estatal de Protección de datos (AEPD) por comunicar al Ayuntamiento de Calpe (Alicante) los resultados de la prueba del COVID-19 realizadas a trabajadores del área de servicios sociales dedicados a prestar ayuda domiciliaria sin contar con su autorización, vulnerando así la confidencialidad.
Uno de los trabajadores del Ayuntamiento presentó su denuncia ante la AEPD en la que alegaba que no había proporcionado su consentimiento para comunicar al Consistorio los resultados de las pruebas iniciando así el proceso sancionador.
El argumento que ofreció el centro médico sancionado ante la AEPD es que actuó conforme a lo establecido dentro del contrato firmado con el Ayuntamiento para la realización de las pruebas, en el que constaba que los resultados de dichas pruebas serían enviados al Ayuntamiento para la constancia del estado de salud de los mismos, siendo labor de los trabajadores en desacuerdo el informar en el mismo momento de la extracción de sangre del desacuerdo.
La AEPD no tiene constancia de que el trabajador denunciante fuera informado en tal sentido.
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